En un mensaje a la Nación, también hizo un llamado a la calma y a la serenidad a la ciudanía, pues recalcó que toda protesta en el país es un derecho constitucional, pero debe hacerse siempre dentro del marco de la ley.
“Ante los hechos de violencia que algunos grupos han querido crear mediante el bloqueo en los accesos de Lima y Callao, y en aras de restablecer la paz y el orden interno, el Consejo de Ministros decretó el estado de emergencia suspendiendo los derechos constitucionales relativos a la libertad y a la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y libertad de reuniones en la provincia de Lima y Callao”, indicó en su alocución.
Agregó que se aprobó declarar este toque de queda para resguardar los derechos fundamentales de todas las personas y recalcó que esta medida no impedirá el abastecimiento de los servicios esenciales de todos los peruanos y peruanas.
El jefe de Estado también pidió continuar trabajando juntos para impulsar el crecimiento y desarrollo nacional, pero recalcó que este desarrollo debe ser justo y equitativo para beneficiar directamente a todos los peruanos en el territorio nacional.
De otro lado, el presidente Castillo recalcó que hay demandas en el país que no se han atendido durante mucho tiempo, situación que se agravó por la pandemia del Covid-19 y los conflictos en el escenario internacional.
Por tal motivo, indicó que se han tomado un conjunto de medidas para mejorar el ingreso de los peruanos y que las familias no se vean afectadas por el incremento de los precios de productos de primera necesidad.
“Estas medidas aprobadas en el marco del diálogo en la ciudad de Huancayo, no solo benefician a la población de Junín, sino a todas las familias, principalmente a las más vulnerables. Verán pronto los efectos de las acciones adoptadas, los acuerdos se dieron como resultado del diálogo, entre representantes del Ejecutivo, las autoridades locales, los dirigentes de transportistas, agricultores y la población”, manifestó.
El presidente Castillo subrayó también que no se escatimará esfuerzos para aliviar la situación económica de las familias peruanas, e indicó que se hará todo lo que está al alcance para beneficiar a la población más vulnerable.
Tras este anuncio, diversas autoridades se manifestaron en contra de esta medida y la calificaron de ‘inconstitucional’.
La Defensoría del Pueblo sostuvo que la medida adoptada por el Poder Ejecutivo “es inconstitucional por la ausencia de una debida motivación y por ser absolutamente desproporcionada en relación a los hechos de protesta social registrado en Lima y Callao”.
Asegura que “estas exigencias no se cumplen en el presente caso, pues no se ha expresado razón alguna que justifique una inmovilización social tan estricta no se ha señalado de qué forma la misma contribuirá a preservar el orden social”.
“El Derecho a la protesta no se suspende por Estado de Emergencia Lo que ha hecho el presidente Castillo no solo es inconstitucional sino una muestra de actitud dictatorial, intolerable para un país que ya vivió demasiados 5 de abril”, escribió en Twitter el abogado Andrés Calderon.
La excongresista Marisa Glave también manifestó que “no tiene sentido ¿Cómo los Ministros avalan un Estado de Emergencia así? No hay política de prevención y atención de conflictos sociales entonces ¿encierro a todxs? ¿La salida es paralizar todo?”.