¿Paz total con un ejército pensado para la guerra?, el gran reto de Gustavo Petro

Ahora que fue elegido, incluso con la oposición pública de altos mandos del ejército, Petro nombró ministro de Defensa a Iván Velásquez, un jurista que también hizo carrera denunciando los atropellos de algunos militares durante el conflicto entre el Estado y las guerrillas.

Petro llega al poder con la promesa de la “paz total”.

Además de lograr acuerdos con los grupos armados vigentes en busca de su desmovilización, el nuevo presidente espera generar condiciones para resolver las causas de la guerra: la desigualad en la propiedad sobre la tierra, la falta de oportunidades en el campo, el narcotráfico.

“La guerra contra las drogas ha llevado a los Estados a cometer crímenes y ha evaporado el horizonte de la democracia”, dijo Petro en su discurso de posesión, en el que planteó un cambio de estrategia para acabar con lo que llamó “la guerra eterna”.

La bandera de “paz total” es, por lo menos, ambiciosa.

Y no precisamente la misma que prima en los cuarteles, donde la acción armada contra los criminales sigue siendo considerada la opción más efectiva para lograr la paz.

Además, la desmovilización de la guerrilla de las FARC en 2016 no fue el fin de la violencia: los grupos disidentes se han proliferado, se está produciendo más cocaína que nunca y las masacres y asesinatos de líderes sociales se convirtieron en rutina.

Justo antes de la asunción de Petro estaba en vigor un “plan pistola” del Clan del Golfo, una organización neoparamilitar que en dos semanas mató a una decena de policías. El día de la posesión, sin embargo, el grupo declaró un cese de hostilidades.

Petro, en todo caso, recibe un país azotado por la violencia. La paz es el primer punto del decálogo con el que definió sus objetivos para los próximos cuatro años. Por ello, parte del éxito de su gobierno dependerá de la relación con unas Fuerzas Armadas que parten de una posición natural de desconfianza hacia quien fue insurgente por una década.

A la expectativa

Para este reportaje se habló con varios miembros del sector militar, algunos activos que pidieron no dar a conocer su identidad, y otros ya retirados.

Entre las fuentes consultadas hay, en general, una sensación de escepticismo hacia Petro.

El presidente ha dicho que quiere reducir el gasto en Defensa y eso exacerba la sensación de ruptura en unas filas acostumbradas a la condición de privilegio por cuenta del conflicto.

“Estamos más a la expectativa que preocupados”, dijo John Marulanda, ex coronel y presidente nacional de Acore, una asociación de retirados.

“Estamos optimistas en el sentido de que queremos paz, pero al tiempo nos preocupan las dinámicas de violencia”, aseguró Alfonso Manzur, director de Veteranos por Colombia.

Guillermo León, excomandante de la Fuerza Aérea, afirmó: “Esto no va a ser ni tan bueno como piensan sus simpatizantes ni tan malo como piensan sus críticos”.

Durante la campaña, Petro recibió el apoyo de decenas de militares retirados, la mayoría de los cuales fueron partidarios del proceso de paz en 2016.

“Diría que hay un 50% de militares proguerra preocupados que están a la espera de que los manden a batalla y hay otro 50% que están pendientes de firmar una paz”, especuló Marulanda.

Más que su condición de exguerrillero, hay dos temas relacionados a Petro que generan preocupación en algunos militares: el ministro Velásquez y la reforma de la policía.

El fiscalizador de los militares ahora es su jefe

Algunos interpretaron el nombramiento de Velázquez como una audacia, otros como un desafío. Los simpatizantes del expresidente Álvaro Uribe, viejo oponente del ahora ministro, lo vieron como una “amenaza”.

“Este no va a ser un gobierno para las venganzas, ni para la persecución, ni para los odios”, le dijo Velásquez a la revista Cambio. “Naturalmente, no va a ser tampoco un gobierno permisivo”.

“Todas las tareas realizadas por ese gobierno estarán orientadas hacia la construcción de la paz y no hacia el fomento de la guerra”, añadió.

Como magistrado auxiliar de la Corte Suprema, Velásquez investigó y denunció los vínculos entre políticos, militares y paramilitares, los ejércitos ilegales antisubversivos que mataron más personas que cualquier otro grupo durante la guerra.

Decenas de políticos y militares fueron condenados por la gestión del entonces magistrado.

Velásquez, además, ha sido un crítico vocal de Uribe, el expresidente más cercano a los militares, a quien investigó hace dos décadas por su supuesto vínculo con emblemáticas masacres de los paramilitares en la región de Antioquia.

El analista de seguridad estadounidense y experto en Colombia Adam Isaacson escribió esto en un artículo: “Por primera vez, las recomendaciones de los defensores de los derechos humanos y de los líderes sociales no serán ignoradas (…) La experiencia de Iván Velásquez contra la corrupción es más importante que su falta de experiencia en asuntos de Defensa”.

Velásquez, en efecto, poco sabe de cultura militar, armas, operativos. Su tema siempre ha sido y probablemente siga siendo los derechos humanos.

“El ministro es el que tiene la posibilidad de calificar servicios”, dice Marulanda, en referencia a la facultad de modificar estructuras jerárquicas. “De cómo lo haga, si respeta o no la esencia de las tropas y la tradición castrense, depende el apoyo que las Fuerzas le den a su proyecto de paz o si, al contrario, entran en un proceso de brazos caídos”.

La reforma policial

Además de cambiar el paradigma para luchar contra el crimen organizado, Petro quiere sacar a la Policía del ministerio de Defensa, un particular esquema de Colombia que responde a su situación de conflicto.

“La salida de la Policía del MinDefensa es una decisión tomada”, ha dicho Velásquez.

El año pasado, la fuerte represión de las protestas sociales por parte del Esmad, el escuadrón antidisturbios adscrito a la policía, generó un nuevo debate sobre la necesidad de reformar las Fuerzas Armadas, que tienen una tradición antisubversiva y suelen ver cualquier agitación social unas protestas, por ejemplo como un acto insurgente.

Aunque se han hecho reformas, capacitaciones e incluso la doctrina cambió, las Fuerzas Armadas siguen siendo, en general, una institución del siglo pasado.

Y eso, según los expertos, se ve también en la policía, que no ha adoptado del todo su rol civilista.

La idea de Petro y Velásquez es pasar la policía a un Ministerio de Paz y Seguridad para despojarla de una naturaleza guerrerista adscrita al conflicto.

Los militares consultados sospechan que esto tiene el riesgo de politizarla y quitarle atribuciones.

Y la guerra, para muchos de ellos, continúa. Y, en un país fragmentado donde el poder está diseminado, acabarla no solo depende de la voluntad del presidente.

“La visión voluntarista piensa que las cosas no se han hecho porque nadie las ha intentado, pero lo cierto es que este es un Estado muy fraccionado, con un poder desconcentrado, en el que la capacidad de ejecución del presidente es remota, no importa cuán poderoso sea”, dice María Victoria Llorente, experta en seguridad y directora de la Fundación Ideas para la Paz.

La analista tiene dudas sobre el Ministerio planteado para la Policía: “Si bien la paz y la seguridad son dos caras de la misma moneda, es preferible que tengan cada una su propia cabeza”.

“Júntelos, pero no los mezcle, porque tienen prioridades distintas y en el balance entre esos dos se busca un punto medio, armónico, que garantice que avance la paz en lugar de que ambos temas se pisen y se desperdicien los recursos”.

Entre la amplia gama de polos de poder que hay en Colombia, los militares juegan un rol central. Es el país que más gasta en Defensa de América Latina y el socio militar más cercano a Estados Unidos en la región. Ninguna empresa nacional tiene tantos empleados como el Ministerio: casi medio millón de personas.

Hasta ahora ningún presidente como Petro partió de un lugar tan antagónico por naturaleza a los militares.

“Nuestras Fuerzas Armadas son de mucha tradición, muy conservadoras en su pensamiento y, en general, están pensadas para la guerra”, dice el veterano León. “Eso lo va a tener que entender el nuevo gobierno; eso no cambia de un día para otro”.