Huracanes, sequías, incendios e inundaciones, son cada vez más frecuentes en América Latina y el Caribe. Esta es una de las regiones más vulnerables al poder destructivo de este tipo de fenómenos cada vez más intensos. Si no se toman medidas para frenar la emergencia, hasta 5,8 millones de personas podrían caer en la pobreza extrema como resultado del cambio climático. Y para 2050, más de 17 millones de personas podrían verse obligadas a abandonar sus hogares para escapar de los desastres del clima, según el Banco Mundial.
Los organismos financieros multilaterales están al tanto de esas graves situaciones climáticas y están en la búsqueda de soluciones. En sus evaluaciones el BM afirma que estas alteraciones del clima ocasionan costos anuales, solo a causa de las interrupciones en los sistemas de infraestructuras de energía y transporte, equivalentes al 1 % del producto interno bruto regional. Y hasta el 2 % en algunos países de Centroamérica.
“El Banco Mundial ha sido un socio estratégico de la región por muchos años. Y, como parte de nuestro compromiso a largo plazo con el desarrollo sostenible e inclusivo, hemos intensificado nuestro apoyo. Proporcionando alrededor de 4.700 millones de dólares en financiamiento relacionado con el clima durante el último año”, reveló Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del banco para América Latina y el Caribe.
La región es responsable del 8,4 % de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. El sector agrícola, acompañado por los cambios en el uso de la tierra y la deforestación, representa el 47 % de las emisiones. Nivel muy superior al promedio mundial del 19 %. La energía, el consumo de electricidad y el transporte representan otro 43 % de las emisiones, precisó la institución.
Impacto del cambio climático en América Latina
El cambio climático podría empeorar significativamente las perspectivas económicas a largo plazo y exacerbar las desigualdades en América Latina y el Caribe. Es urgente avanzar hacia una agenda verde ambiciosa e integral para abordar sus consecuencias y mejorar el bienestar de todos.
Una transición verde efectiva en ALC podría generar potencialmente un 10,5 % más de nuevos empleos hacia 2030, dijo un informe de la Cepal. Al que participaron la OCDE, CAF y la Comisión Europea y denominaron ‘Perspectivas económicas de América Latina’ (LEO en inglés).
Según el texto, la desaceleración económica de este año, la guerra en Ucrania, el aumento de las presiones inflacionarias y la reducción del espacio de política macroeconómica dificultan la capacidad de las economías de ALC para retomar el camino hacia un crecimiento sostenible. Y la protección de los más vulnerables.
Los impactos ambientales agravan estas dificultades. Trece de los 50 países más afectados por el cambio climático se encuentran en ALC. El estudio sostiene la urgencia de promover una transición verde a través de políticas activas de mitigación y adaptación implementadas de manera sistémica. Esto puede hacer que esas sociedades sean más resilientes ante el cambio climático y promuevan un mejor desarrollo.
Además, el análisis desglosa los beneficios ambientales, sociales y económicos que puede generar una transición verde. Por ejemplo, invertir en tecnologías renovables puede las emisiones de gases de efecto invernadero. Y proporcionar una generación de energía a menor costo y reducir la dependencia de productos de combustibles fósiles importados.
La región está bien posicionada para embarcarse en una transición verde efectiva y acelerar el progreso hacia sus objetivos de desarrollo económico, social y ambiental. Su matriz energética también es más verde. Las energías renovables representan el 33% del suministro total de energía en comparación con el 13% a nivel mundial.
Hoja de ruta verde para la región
Los informes del BM y la Cepal con otras organizaciones financieras ofrecen diversas opciones para que América Latina y el Caribe puedan encarar las adversidades del cambio climático.
Una de ellas, es transformar aún más la matriz energética de la región alejándola de los combustibles fósiles y avanzando hacia la descarbonización y la electrificación en todos los sectores. Especialmente las industrias pesadas y el transporte, mientras se toman medidas para aumentar la eficiencia energética.
Sugieren como clave las inversiones en combustibles alternativos bajos en carbono, incluido el hidrógeno verde y los biocombustibles sostenibles.
Asimismo, diseñar políticas fiscales sostenibles y compatibles con la transición verde y justa, eliminando gradualmente los subsidios perjudiciales para el medio ambiente. Y aprovechando el potencial de los impuestos relacionados con el medio ambiente. Ampliar el desarrollo de instrumentos financieros innovadores, como los canjes de deuda por naturaleza. Y movilizar a las instituciones financieras de desarrollo y al sector privado.
Es crucial adoptar herramientas regulatorias que incluyan estándares y taxonomías para bonos verdes o vinculados a la sostenibilidad.
De igual forma, promover políticas de desarrollo industrial y productivo para transformar las estructuras económicas de la región y crear más y mejores empleos. A través de la adopción de principios de economía circular y de la economía azul. También se requerirá ampliar las políticas activas del mercado laboral y diseñar sistemas de protección social mejor focalizados para apoyar a los trabajadores afectados negativamente durante la transición verde.
La agenda verde puede ser la piedra angular de un nuevo contrato social sostenible. El 68% de los ciudadanos de la región ven el cambio climático como una amenaza muy grave para su país en los próximos 20 años. Un nivel superior al de otras regiones. Los objetivos de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas deben traducirse en acciones concretas.