La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) mostró este viernes su preocupación por “las agresiones y violencia contra periodistas” en Bolivia durante la cobertura de protestas sociales producidas en el departamento de Santa Cruz.
La SIP, con sede en Miami (Florida), instó al Gobierno de Bolivia a respetar las libertades de prensa y de expresión; y crear un sistema de protección y seguridad para periodistas.
Las protestas sociales generadas en respaldo al gobernador de Santa Cruz y dirigente opositor, Luis Fernando Camacho, encarcelado de forma preventiva desde el 28 de diciembre, han sido reprimidas con gran despliegue policial, excesiva violencia y se registraron agresiones contra numerosos periodistas, reprueba la SIP en un comunicado.
Michael Greenspon, presidente de la SIP, condenó la violencia y mostró su preocupación “por las acciones premeditadas de la policía para limitar la labor periodística”.
Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión del diario estadounidense The New York Times, pidió a las autoridades “investigar los hechos de violencia y castigar a los responsables”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, reiteró el pedido que la SIP realizó en varias ocasiones al gobierno de Bolivia para que “cree un programa de protección y seguridad para periodistas”.
Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, afirmó que los sistemas de protección, sin ser el remedio contra la violencia, “han sido efectivos para salvar vidas y, en particular, para crear conciencia entre los funcionarios de los Estados sobre la importancia del papel del periodismo en la sociedad”.
Entre los actos de violencia contra periodistas, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que agrupa a los principales medios impresos de Bolivia, indicó que el 1 de enero agentes de la policía golpearon al reportero Joel Orellana y a su asistente Miguel Ángel Rivero, del canal Unitel, y decomisaron su equipo, luego de que filmaran la represión policial a manifestantes.
Además, el 30 de diciembre, el camarógrafo José Tarqui, del noticiero en línea Periodismo Somos Todos (PST), resultó herido con perdigones disparados por policías antimotines.
Estos mismos policías lanzaron granadas de gas lacrimógeno contra equipos de prensa de los canales Unitel, Sitel, PAT y Gigavisión.
El periodista Harold Salvatierra, de Radio Actualidad, denunció el incendio de su automóvil mientras cubría enfrentamientos entre manifestantes y policías.
Existen sistemas gubernamentales de protección para periodistas en Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras y México, y se están por implementar en Paraguay y Ecuador.
El Índice Chapultepec de la SIP 2021-2022 muestra que Bolivia cayó al lugar 16 entre los 22 países medidos. “El Gobierno -dice el Índice- mantiene ataques y estigmatizaciones en contra de periodistas e intentos de judicializar y perseguir el trabajo periodístico que incomoda al oficialismo”.
El Índice Chapultepec es un barómetro anual que mide las acciones institucionales que afectan las libertades de prensa y de expresión en 22 países de las Américas. La medición se hace sobre la base de los principios de las declaraciones de Chapultepec y Salta de la SIP.