El régimen de Daniel Ortega ha dado este lunes un duro golpe a la empresa privada de Nicaragua. A través de un acuerdo firmado por la ministra de Gobernación, María Coronel Kinloch, el Gobierno ha ordenado el cierre del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la principal cámara empresarial del país, que aglutina a los grandes empresarios.
La cancelación también afecta a otras 18 agrupaciones del sector privado, entre ellos las asociaciones de pesca, pequeñas empresas financieras, productores de café, agricultores, minería, industria y turismo. Representantes del sector han catalogado la iniciativa como una revancha de Ortega por la decisión de los empresarios y productores del país de apoyar las manifestaciones antigubernamentales de 2018 y convocar a paros nacionales para presionar al Gobierno, tras su decisión de desatar una brutal represión contra las protestas. “Es una política de tierra arrasada”, afirma un integrante del sector privado.
El COSEP y las otras cámaras no han reaccionado a la medida, que ha sido publicada en el diario oficial del Gobierno. La ministra Coronel Kinloch justifica en el documento oficial la decisión asegurando que las cámaras empresariales han incumplido con procedimientos establecidos en las leyes del país, entre ellos no completar los registros ante las instituciones del Estado correspondientes ni justificar sus movimientos financieros, “desconociéndose el origen y ejecución de los fondos”.
El Gobierno ha aprobado una serie de leyes que limitan la actividad política de organizaciones de la sociedad civil. Entre esos reglamentos está la llamada Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, aprobada por la Asamblea Nacional bajo control de Ortega, que obliga a registrarse ante el Estado a todo aquel que “se desempeñe o trabaje como agente, representante, empleado o servidor… o bajo orden… supervisión o control de un organismo extranjero… o cuyas actividades sean directa o indirectamente supervisadas, dirigidas, controladas, financiadas o subsidiada en su totalidad o en parte por gobiernos, capital, empresas o fondos extranjeros…”.
De esta manera, muchas organizaciones decidieron cerrar sus operaciones en rechazo a esa legislación y los controles y cortapisas impuestas por el régimen. Otros organismos fueron directamente cancelados por el Gobierno, como ha ocurrido este lunes con las cámaras empresariales. Según el documento oficial emitido por la ministra Coronel Kinloch, las organizaciones privadas han incumplido con la exigencia de transparencia en sus actividades.
La medida se da tras el distanciamiento del sector empresarial con el Ejecutivo de Ortega, tras años del llamado “Gobierno de consenso”. El COSEP mantenía una estrecha relación con Ortega y todas las decisiones económicas importantes eran discutidas en mesas de negociación entre empresarios y Gobierno, prácticamente sin consultar a otras sectores de la sociedad. Ese modelo terminó tras la decisión de Ortega de imponer unas reformas a la seguridad social rechazadas por la patronal, que tras fracasar en su intento de negociar con el exguerrillero sandinista, decidió tomar distancia del Gobierno y convocó a manifestaciones y paros nacionales que representaron un golpe económico fuerte para el régimen.
Ortega luego desató una cacería contra los empresarios y ordenó el arresto del presidente del COSEP, Michael Healy, su expresidente, José Adán Aguerri y Luis Rivas Anduray, presidente ejecutivo del Banco de la Producción (Banpro), el principal de Nicaragua, con presencia en Centroamérica, el Caribe y Ecuador. Al banquero se le imputaron los mismos cargos que al resto de detenidos en la escalada represiva desatada por Ortega, incluyendo incitar a la injerencia extranjera, pedir intervenciones militares o usar financiamiento externo para ejecutar actos de terrorismo que desestabilicen al régimen. Los tres empresarios fueron liberados a inicios de febrero y expulsados a Estados Unidos.
En una entrevista con este periódico realizada en Managua durante los momentos más críticos de las manifestaciones antigubernamentales y la represión del régimen, Aguerri admitió que los empresarios se habían equivocado con Ortega al mantener el “modelo de consenso” con su Gobierno. “Si yo hubiera sabido que el resultado de todo este proceso iba a ser lo que sucedió a partir del día 18 de abril [de 2018, cuando estallaron las protestas], te respondo que obviamente nos equivocamos. No hubiera en ningún momento ido en esa ruta de trabajo si hubiéramos sabido que ese iba a ser el desenlace final. Jamás”, afirmó en esa ocasión Aguerri.