Como parte de su informe sobre el estatus de los derechos humanos en el país suramericano, Turk insistió en la necesidad de “apoyar esfuerzos que lleven a un diálogo inclusivo y efectivo” entre los propios venezolanos y, en tal sentido, recomendó “la rápida” aplicación de los acuerdos alcanzados hasta la fecha, incluyendo el pacto de la Mesa Social alcanzado en noviembre.
Ello, explicó Turk, para “reconstruir la confianza y un contrato social cohesivo para el futuro es el camino a seguir”.
La respuesta venezolana
A través de su representante permanente, Héctor Constant Rosales, Venezuela reconoció como “muy importantes los pronunciamientos del alto comisionado sobre el negativo impacto de las medidas coercitivas unilaterales, afirmando ciertamente que obstaculizan el disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano y recomendando su levantamiento”.
No obstante, Caracas criticó que la oficina del Alto Comisionado se refiriera a las medidas coercitivas unilaterales en términos de “sanciones sectoriales”, al considerar que esta denominación es “un término complaciente con la ilegalidad que promueven” y cuestionó que el ente afirmara que la crisis económica es anterior a la aplicación de restricciones por parte de Washington.
“Si bien es cierto que desde el año 2015, el número de ilegales medidas se vio exacerbado, llegando actualmente a más de 900, que han propiciado la pérdida de 232.000 millones de dólares en los últimos nueve años, han sido ya suficientemente documentadas las estrategias económicas y políticas utilizadas para desestabilizarnos desde el inicio de la Revolución Bolivariana”, argumentó Constant.
Para finalizar, invitó a las personas que aún tienen dudas sobre la veracidad de los alegatos venezolanos a escuchar las declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump, en las que confesó que EE.UU. colapsó económicamente a Venezuela para apoderarse de sus riquezas petroleras. “Nosotros ya lo sabíamos, pero qué bueno que sea un vocero de esa dimensión quien lo subraye”, agregó.
Fuente RT