La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se enfrenta a una nueva investigación, esta vez por presunto plagio en un libro que escribió hace casi dos décadas sobre la importancia de los derechos humanos y su relevancia internacional. La fiscalía peruana ha iniciado una investigación preliminar al respecto.
Esta no es la única investigación en curso que enfrenta Boluarte, ya que también está siendo investigada por presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves durante las protestas que exigían su renuncia y que resultaron en más de 60 muertos entre diciembre y febrero.
El plagio no es algo desconocido en Perú, ya que el antecesor de Boluarte, Pedro Castillo, también está siendo investigado por supuestamente copiar partes de su tesis de maestría en Educación, presentada en 2012 y escrita en coautoría con su esposa, la ex primera dama Lilia Paredes.
El fiscal Miguel Puicón ha destacado que la investigación se lleva a cabo debido a que se trata de un hecho de acción pública. Puicón ha ingresado a la Biblioteca Nacional en Lima para revisar un ejemplar del libro de 176 páginas titulado “El reconocimiento de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”, escrito por Boluarte y otras siete personas, y publicado en 2004.
Hasta el momento, Boluarte ha mantenido silencio sobre las acusaciones de plagio. Sin embargo, la televisora local Latina informó que el libro de derechos humanos escrito por la mandataria fue sometido a un programa informático llamado Turnitin, el cual reveló un 55% de similitudes con otros trabajos académicos que no fueron citados en el libro.
El plagio agravado es considerado un delito en Perú y puede ser penado hasta con ocho años de cárcel.
Boluarte asumió la presidencia de Perú en diciembre, reemplazando a Pedro Castillo, después de que este fuera destituido tras intentar disolver el Parlamento. Durante sus primeros meses en el cargo, Boluarte enfrentó una serie de protestas que exigían su renuncia y que resultaron en la muerte de 49 civiles a manos de las fuerzas de seguridad, según informes de la Defensoría del Pueblo.