El presidente chileno, Gabriel Boric, anunció el martes que su gobierno dejará de insistir en un proyecto de reforma tributaria previamente rechazado y presentará nuevas iniciativas para obtener los fondos necesarios destinados a cumplir con las promesas sociales del gobierno. La nueva propuesta busca financiar programas como la Pensión Garantizada Universal, reducir las listas de espera en salud y aumentar la inversión en seguridad ciudadana.En junio, el mandatario de tendencia izquierdista había declarado que su gobierno insistiría, a finales de julio, en el Senado para retomar la tramitación legislativa del ajuste impositivo. Sin embargo, el martes, Gabriel Boric anunció que el gobierno abandonará el proyecto anteriormente rechazado y optará por un enfoque diferente.
A través de un nuevo Pacto Fiscal, Boric explicó que la propuesta involucra recursos por 8.000 millones de dólares destinados a financiar los programas sociales urgentes. Estos recursos se obtendrán a través de diversas medidas, incluyendo el aporte del crecimiento económico, la reforma del estado, el fortalecimiento de la fiscalización tributaria y los impuestos pagados por los sectores de mayores ingresos.
El presidente no precisó plazos para la entrega y tramitación de las nuevas iniciativas, ni la cantidad exacta que se espera recaudar. Sin embargo, detalló que la nueva propuesta se dividirá en dos proyectos. Uno de ellos se centrará en mejorar el cumplimiento tributario, mientras que el otro ajustará el impuesto a la renta para aquellos con mayores recursos.
Dentro de la primera iniciativa, se contemplan medidas que buscan aumentar la recaudación mediante modificaciones legales que no implican un aumento directo de impuestos. Esto permitiría elevar la recaudación en un 1,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) en términos netos, según información proporcionada por el gobierno.
Por otro lado, el segundo proyecto se enfocará en el impuesto a la renta, tanto para empresas como para personas, e incluirá incentivos a la inversión, productividad y formalización, así como beneficios para la clase media y un nuevo régimen tributario para las empresas de menor tamaño. Este último tendría un costo fiscal equivalente a 0,5 % del PIB.
Dentro de los incentivos fiscales propuestos se encuentran la depreciación semi instantánea y un fondo de créditos tributarios para inversiones con efecto multiplicador sobre la actividad, el empleo y la sostenibilidad ambiental. Además, se compromete a reducir en un 30 % el tiempo de tramitación de proyectos mineros.
El nuevo plan también incluye cinco áreas prioritarias de diversificación productiva que, para el año 2026, prevén la implementación de tres o cuatro nuevos proyectos de litio, dos tercios de la matriz energética con fuentes renovables, y el desarrollo de 10 a 12 proyectos de hidrógeno verde, además de un aumento en la economía digital.