La Cámara de Diputados chilena aprobó este miércoles el proyecto de ley que regula la prevención de incendios forestales y rurales, después que los devastadores fuegos que comenzaron hace un mes en la región de Valparaíso, donde dejaron 134 personas fallecidas, obligaran a acelerar su tramitación en el Congreso.
Con 116 votos a favor, 8 en contra y 20 abstenciones, los parlamentarios dieron luz verde a la iniciativa en general, que contempla la implementación de planes de prevención, cortafuegos obligatorios y multas para quienes omitan las labores preventivas.
La medida obliga a definir zonas de interfaz urbano-rural forestal en la planificación territorial de áreas de mediana, alta o crítica amenaza de incendios; crea zonas de amortiguación forestal en caso de no existir y fortalece los instrumentos de gestión existentes.
“Por primera vez se van a establecer tres cosas que son fundamentales: un enfoque preventivo, estableciendo zonas de riesgo que van a ser decretadas por un criterio científico, objetivo, y zonas de amortiguación con cortafuegos en terrenos privados, donde va a ser muy importante el rol del Estado de suministrar los recursos que sean necesarios para que los pequeños y los medianos propietarios tengan la posibilidad de hacer los cortafuegos”, señaló el diputado independiente Héctor Ulloa, alineado con la centro-izquierda.
Caen indicaciones polémicas
Uno de los principales puntos que se incorporó a esta ley proponía prohibir el cambio de uso de suelo de los terrenos siniestrados, por lo menos durante 30 años, para poner fin a la “especulación inmobiliaria”, sin embargo, la indicación se ha perdido durante la tramitación por 62 votos a favor, 72 en contra y 11 abstenciones.
La sala también rechazó otra polémica enmienda que responsabilizaba a los propietarios de los predios de implementar los cortafuegos en las zonas de amortiguación forestal, mientras que respaldó otro artículo que establece que, en caso de daño patrimonial efectivamente causado, el propietario del predio deberá ser indemnizado. El gobierno consideró esto último como inconstitucional.
“(La ley) no viene a resolver absolutamente nada ni atiende ninguna de las causas de base que provocaron el incendio (de la Región de Valparaíso)”, criticó el parlamentario del ultraderechista Partido Republicano, Luis Sánchez.
“Habla de restringir la edificación en sectores siniestrados, habla de modificar los planes reguladores. Y lo que es más grave, habla de traspasar a los dueños de los terrenos la responsabilidad de hacer cortafuegos y limpieza de quebradas, lavándose las manos el Estado de Chile y las municipalidades respecto de esa responsabilidad que es natural a ellos”, agregó.
El proyecto, presentado por el Gobierno el pasado octubre, recién comienza su recorrido legislativo y ahora tendrá que volver a comisión para luego pasar al Senado.
“Si (el proyecto) no ha podido salir a la luz antes, no es culpa del Gobierno, es culpa de este Congreso que, lamentablemente, no tiene las prioridades bien puestas y tienen que pasar las catástrofes para poner en tabla (orden del día) algo que es de sentido común, que es de prevención, que es de preservación de la vida”, lamentó el diputado Diego Ibáñez, de Convergencia Social, el partido del presidente Gabriel Boric.
El mandatario presentó en septiembre un plan contra los incendios forestales que contempló un presupuesto de 148.000 millones de pesos (cerca de 153 millones de dólares al cambio de hoy), lo que representa un alza del 47 % de su presupuesto respecto al período anterior.
Los fuegos, que afectaron en especial a cuatro comunas de la región porteña –Viña del Mar, Linares, Villa Alemana y Quilpué– calcinaron más de 10.000 hectáreas y dejaron miles de damnificados.
Empezaron el 2 de febrero en la mañana y se propagaron rápidamente debido a las fuertes rachas de viento que corría aquella tarde en la zona y a las temperaturas extremas de la última semana. La alta densidad poblacional en terrenos de difícil acceso, sumada a la prolongada sequía en Chile, dificultaron las tareas de extinción.