El Gobierno de Venezuela acusó al de Estados Unidos de estar implicado en un plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro develado este año por las autoridades del país caribeño, donde han sido detenidas más de una treintena de personas por su supuesto vínculo con conspiraciones que incluían el asesinato del jefe de Estado.
El canciller venezolano, Yván Gil, hizo la acusación a través de la red social X, en respuesta al subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU., Brian Nichols, quien rechazó la detención de cuatro colaboradores de la líder antichavista María Corina Machado, candidata de la principal coalición opositora a las presidenciales del próximo 28 de julio.
Nichols, quien considera estas detenciones como “claras violaciones del acuerdo de Barbados” suscrito por el chavismo y la oposición en octubre, exigió la “liberación inmediata e incondicional” de “todos los venezolanos detenidos injustamente”, entre los que mencionó a la activista Rocío San Miguel, aprehendida en febrero y acusada de su supuesto vínculo con el plan magnicida.
A juicio de Gil, este mensaje de Nichols supone una “revelación de las malas intenciones del Gobierno de los EE.UU. y deja al desnudo sus implicaciones en el plan de magnicidio en contra del presidente Nicolás Maduro”.
“La defensa obstinada y vergonzosa de personas que intentaron crear caos, destrucción y muerte en Venezuela ha chocado con la dignidad de nuestro pueblo, que ha derrotado cada conspiración de manera digna y valiente. El imperio y sus lacayos de grandes apellidos no han podido ni podrán. ¡Nosotros venceremos!”, expresó el canciller.
En los últimos meses, las autoridades venezolanas se han referido a un grupo de opositores con la expresión “los apellidos”, entre los que mencionan los de Machado, el del exgobernador Henrique Capriles, el exalcalde Leopoldo López y los expresidentes de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) Julio Borges y Juan Guaidó, entre otros.
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria, acusó el sábado al Gobierno de incumplir el acuerdo de Barbados, tras la detención de un colaborador regional de Machado, quien espera competir en las presidenciales a pesar de estar inhabilitada para ejercer cargos públicos de elección popular hasta 2036.