El Gobierno de Perú afirmó este miércoles que la venta de boletos para el sitio arqueológico de Machu Picchu “está garantizada” durante el periodo de transición entre el término del servicio que ofrecía una empresa privada y la nueva plataforma estatal que está en proceso de implementación.
La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, señaló en un comunicado que la venta continuará mediante la plataforma tuboleto.cultura.pe, “en un período de necesaria transición, a pesar de dar por concluido el contrato con la empresa proveedora” privada.
Urteaga precisó que el contrato con la empresa privada Joinnus concluirá el próximo 15 de mayo, pero se están “haciendo coordinaciones administrativas para darle continuidad” a la venta.
“Mientras eso ocurra, se seguirá con el avance de la plataforma del Estado, elaborada por el Ministerio de Cultura y por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros”, acotó.
Sostuvo que el periodo de transición se hará hasta fines de julio próximo con el objetivo de contar con una plataforma “bastante fortalecida y administrada completamente por el Estado”.
Urteaga también anunció que en los próximos días se emitirá una resolución ministerial que aprobará la implementación de un “aforo dinámico” para el acceso a Machu Picchu.
El Ministerio de Cultura indicó que, mediante ese aforo, se podrá incrementar a 5.600 las visitas diarias al sitio, siempre considerando “las acciones de conservación y prevención” que está implementando el Estado peruano.
“Como hemos dicho en meses anteriores, el aforo dinámico se activará a partir del 1 de junio, con lo cual en los próximos días van a poder ver, visualizar en la plataforma los nuevos espacios que pueden conseguir los visitantes nacionales y extranjeros”, dijo Urteaga.
La ministra informó el sábado pasado que la empresa privada que vende las entradas a Machu Picchu acabaría su contrato en los próximos días, y aseguró que esta no recibió ningún tipo de comisión por la venta de boletos al monumento.
El jueves pasado, la Contraloría General de la República advirtió en un informe que la adjudicación a Joinnus por parte del ministerio incumplió la Ley de Presupuesto para el año fiscal 2023 y la Ley de Contrataciones del Estado.
Urteaga respondió que “no se le ha dado ningún sol a la empresa proveedora por comisiones” e informó que han realizado “todo el proceso administrativo y legal para que no haya ningún problema al culminar el contrato”.
“Las responsabilidades que determina este informe son administrativas y por supuesto que nos indican que el sector tendrá que evaluar si corresponde hacer denuncia y seguramente eso va a continuar”.