México se une a los países de América Latina en regular el uso de grasas trans

Por: Denisse Araceli Torres Alvarado

En América Latina son muy pocos los países que han establecido límites para el uso de ácidos grasos trans de producción industrial, y que se han sumado al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS), y los acuerdos alcanzados en 2008 en la Declaración de Río de Janeiro, intitulada “Las Américas libres de grasas trans”.

Derivado de los múltiples riesgos a la salud que desencadena el consumo de grasas trans, el pasado 24 de febrero del presente año, El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto que adiciona el artículo 216 bis a la Ley General de Salud, en el que se establece que los aceites y grasas comestibles, así como los alimentos y bebidas no alcohólicas, no deberán contener en su presentación de venta, aceites parcialmente hidrogenados (grasas trans), que hayan sido incorporados en el proceso de fabricación.

Esta regulación, ha permitido a México sumarse a países como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay, lo que significa un gran avance para la prevención de enfermedades cardiovasculares, la obesidad, la diabetes mellitus, padecimientos con gran incidencia en la población mexicana.

Estás grasas están elaboradas a partir de aceites comestibles extraídos de fuentes vegetales como aceitunas, girasoles y soja. Tipo de grasa insaturada que se crea mediante un proceso de hidrogenación, convirtiendo los aceites líquidos en grasas sólidas, usadas en la industria alimentaria para mejorar la textura, la estabilidad y la vida útil de los productos, como: galletas, pizzas congeladas, helados, palomitas de microondas, productos fritos, entre otros.

Regular el uso y consumo de grasas trans es fundamental para proteger la salud y reducir las enfermedades ocasionadas por el consumo de estos alimentos procesados. Lo que permitirá al gobierno de México, la disminución de costos y demanda de atención médica, así como liberar recursos financieros para otros programas y servicios gubernamentales como el suministro de medicamentos a hospitales, los cuales se han visto afectados en el presente sexenio por el desabasto.

Para la industria esto implica un gran reto, por lo que, se verá en la necesidad de buscar alternativas saludables para la elaboración de sus productos, pero que pueden tener un costo mayor, lo que generaría pérdidas económicas, que pudieran causar inestabilidad; sin embargo, esto no garantiza que los ingredientes por los que se sustituyan sean menos nocivos para la salud. De modo de que las instancias reguladoras deberán supervisar la industria alimentaria y garantizar el cumplimiento de las regulaciones.

Para México esto implica una medida proactiva por parte del gobierno para proteger la salud y el bienestar de la población, pero también puede verse limitada la libertad de elección de los consumidores al decidir qué alimentos consumirá.