En un giro destacado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha anunciado negociaciones cruciales lideradas por la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, con la empresa Calica para abordar un litigio que tiene en vilo el futuro del Caribe Mexicano. La disputa gira en torno a un extenso terreno de más de dos mil hectáreas en Playa del Carmen, una joya del Mar Caribe, que Calica ha estado utilizando como banco de grava.
Calica, subsidiaria de la minera estadounidense Vulcan Materials Company, ha estado extrayendo piedra caliza de la zona y enviándola a Estados Unidos para su uso en la construcción.
El gobierno mexicano, encabezado por AMLO, propone comprar el terreno valuado en seis mil millones de pesos, con la intención de convertirlo en una reserva natural. La esperanza es detener la explotación del territorio mexicano y preservar su riqueza natural. Sin embargo, las negociaciones se ven empañadas por las gestiones de Calica en el Congreso de Estados Unidos para continuar sus operaciones.
La empresa ha presentado una denuncia en tribunales internacionales, argumentando que se viola el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Ante esta situación, el gobierno mexicano ha iniciado el proceso para declarar el terreno como área natural protegida de jurisdicción federal, una medida que podría llevar a la expropiación del mismo si Calica se niega a vender.
AMLO, firme en su postura, ha asegurado que resolverá este asunto antes de que termine su mandato, rechazando la posibilidad de ser cómplice de la destrucción del Caribe Mexicano. La trama de esta disputa se teje en un escenario internacional, donde la diplomacia y las estrategias legales cobran gran relevancia, planteando preguntas sobre la relación México-Estados Unidos y la protección del medio ambiente en el Caribe Mexicano.
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