La autoridad penitenciaria de Colombia anunció este lunes la declaración de estado de “emergencia carcelaria” en todo el país tras varios ataques contra guardias en prisiones locales, que resultaron en la muerte de un funcionario, según el Ministerio de Justicia.
Aprobación unánime
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, comunicó la aprobación unánime de esta medida en el consejo directivo del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario). Y destacó que su objetivo es fortalecer la seguridad en las cárceles.
El sábado, un guardia fue asesinado a tiros por dos hombres en motocicleta a la salida de la cárcel de San Sebastián de Ternera, en Cartagena (norte).
Otro ataque contra carceleros ocurrió en Jamundí (Valle del Cauca, suroeste), donde varios guardias del Inpec resultaron heridos. Aunque no se precisó el número, las autoridades dieron parte. Según medios locales, fue un ataque a disparos.
Además, el ministerio señaló la presencia de panfletos amenazantes en diferentes centros penitenciarios. Ante estos ataques, un sindicato de funcionarios penitenciarios había amenazado con realizar un paro si no se tomaban medidas.
Proteger la vida e integridad de los guardias de las cárceles
La “emergencia carcelaria” tiene como objetivos proteger la vida e integridad de los guardias de las cárceles. Asimismo, erradicar la extorsión y corrupción provenientes de las prisiones, explicó Osuna.
Entre las primeras medidas se encuentra la asignación de un fiscal específico para investigar homicidios contra guardias del Inpec y otro para casos de extorsión carcelaria y corrupción.
El domingo, Osuna había anunciado el refuerzo policial alrededor de todas las cárceles del país y el apoyo de las Fuerzas Militares para proteger la vida y libertad de los guardias.
Esta emergencia se produce en un contexto de crisis de seguridad en Ecuador, donde grupos criminales han ejercido violencia desde las cárceles en respuesta a la política gubernamental contra el narcotráfico.
El sistema penitenciario de Colombia alberga a más de 190 mil presos en condiciones de hacinamiento, según cifras oficiales.
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